El Senado español, en el marco de un proyecto de reforma constitucional presentado por el Presidente del Gobierno de aquel país, que pretende constitucionalizar el límite al déficit fiscal, deberá esta semana aprobarlo o desecharlo por la mayoría de los tres quintos de sus miembros, lo que equivale a reunir 157 votos de un total de 261 senadores.
El precepto constitucional que se modificará –art. 135 de la Carta Fundamental española– quedará redactado, en lo pertinente, del modo que sigue: “El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario”.
Cabe señalar que la enmienda constitucional es una de las medidas adoptadas por el Estado Ibérico frente al proceso de desaceleración que vive actualmente la economía mundial, y que, de manera particular afecta al continente europeo, al punto que la OCDE ha establecido que el PIB de los países que integran tal organización ha moderado su crecimiento hasta el 0,2% en el segundo trimestre del año en curso, sumando así sucesivos recortes en las proyecciones de crecimiento pronosticadas. Proceso que, en el caso de España, se ha visto agravado todavía más debido, por una parte, al nulo crecimiento experimentado por su principal socio comercial, Francia, y, por otra, a la implementación de su programa de consolidación fiscal, que ha redundado en un crecimiento de tan sólo un 0,2%.
Esta reforma constitucional ha tomado como modelo la constitucionalización del límite al déficit fiscal implementado por Alemania y que, pese a estar consensuada por los Partidos Políticos más importantes de la Península –el PSOE y el PP– ha generado múltiples protestas de parte de la ciudadanía que acusa a la clase política de concordarla en tiempo récord, atendidas las elecciones generales que se llevarán a cabo en España durante el mes de noviembre, lo que, aducen, terminará por afectar a las instituciones del estado de bienestar, y, por sobre todo, a las prestaciones entregadas a través de las diversas políticas sociales.