Fue ingresado a trámite legislativo el proyecto de ley del Ejecutivo que fortalece el resguardo del orden público.

El proyecto de ley, iniciado por mensaje, expresa que le corresponde al Estado la promoción del bien común y de la paz social, la que se articula a través de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, quienes son las “llamadas a intervenir a nombre del Estado cuando la tranquilidad social es alterada, ya sea por desórdenes, por la comisión de cualquier crimen o simple delito o cualquier amenaza a la sana convivencia”.

Observa que la Constitución reconoce el derecho fundamental de reunión, en el artículo 19 N° 13, sin embargo, “en ocasiones, el legítimo ejercicio pacífico del derecho de reunión que algunos realizan, es perturbado por otros que, sobrepasando el marco constitucional, provocan desórdenes, agreden y lesionan a los funcionarios policiales o a quienes se manifiestan tranquilamente, causan daños a la propiedad, portan y utilizan armas cortantes, contundentes, de fuego e incendiarias, y muchas veces ocultan su rostro para evadir la acción policial”, además de “saqueos y la afectación al desenvolvimiento normal de la vida diaria y la actividad del comercio en las zonas por la que transitan las marchas”.

En cuanto a los antecedentes jurídicos, el proyecto se fundó en la obsolescencia de la regulación en materia de orden público, por cuanto la “redacción del artículo 269 del Código Penal no responde a los fenómenos sociales actuales ni a los de desórdenes públicos que enfrentamos”, lo cual se ha traducido en la difícil aplicación de la norma y en la impunidad de ciertas acciones delictuales cometidas.