La moción de los senadores Gómez, Lagos y Navarro, expone que el regular los mercados en los rubros de la electricidad, servicios sanitarios y telefonía se debe a “que esta clase de servicios satisfacen necesidades públicas fundamentales” y “esenciales para el desarrollo de la vida humana”, los que “deben brindarse de manera permanente, y con un acceso universal garantizado”.

Observa luego que “en la mayor parte del país, no existen medios para asegurar la libre competencia de los oferentes de tales servicios”, lo que provoca “monopolios naturales, que obligan por una parte a recurrir a la institucionalidad de salvaguarda de la libre competencia y por otra a establecer procedimientos reglados de determinación y fijación de tarifas por parte de la autoridad”.

Con el objeto de evitar que su regulación “quede al arbitrio de las empresas” y el Estado, se hace necesario “asegurar una participación ciudadana equilibrada y equitativa” en el proceso de fijación tarifaria otorgándole legitimidad social a éste y beneficios a los usuarios de los servicios.

A los fines expuestos, proponen modificar tres cuerpos legales: El DFL Nº 1/82 del Ministerio de Minería, estableciendo que “en el procedimiento administrativo de fijación de las tarifas de distribución domiciliaria” y “la determinación del precio nudo, se velará por una adecuada participación de la ciudadanía durante todo el proceso”. En el mismo sentido, se enmienda la Ley N°18.168, General de Telecomunicaciones, admitiendo “participar durante todos los trámites del procedimiento” a “las organizaciones de defensa de los consumidores” y “demás organizaciones ciudadanas que quisieran formular observaciones al procedimiento”. En el mismo sentido se incorpora  en DFL Nº 70/88 del Ministerio de Obras Públicas, tal participación “respecto de los servicios sanitarios de producción, potabilización y distribución de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas”.

Vea texto íntegro de la moción.

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