Diario Constitucional

A propósito de las manifestaciones del último año.

Informe de LyD analiza la impunidad de los “encapuchados” y personas que han participado en actos de violencias y desmanes públicos.

En el marco de las últimas manifestaciones y desordenes provocados por distintos sectores de la ciudadanía y específicamente los realizados por los denominados "encapuchados", la opinión pública ha cuestionado la labor realizada por Carabineros y el Poder Judicial, en cuanto gran parte de los detenidos en los desmanes públicos son impunes al momento del control…

Por Redacción·04 de noviembre de 2011·3 min de lectura
Informe de LyD analiza la impunidad de los “encapuchados” y personas que han participado en actos de violencias y desmanes públicos.
Referencial

En el marco de las últimas manifestaciones y desordenes provocados por distintos sectores de la ciudadanía y específicamente los realizados por los denominados “encapuchados”, la opinión pública ha cuestionado la labor realizada por Carabineros y el Poder Judicial, en cuanto gran parte de los detenidos en los desmanes públicos son impunes al momento del control de detención.

En este contexto, el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), publicó un documento titulado “La Ruta de la Impunidad”, que cuestiona la responsabilidad de los diversos actores del proceso penal, como también deja en evidencia que los violentistas de las manifestaciones estudiantiles poseen la misma impunidad que un delincuente habitual.

El informe destaca que el no contar con un sistema de estadística que permita determinar de manera fidedigna el número de personas detenidas en los desordenes estudiantiles y su evolución en el proceso penal, se hace necesario analizar “el seguimiento episódico en los medios de comunicación y reunir cifras parceladas de las diversas autoridades involucradas en estos procesos”. Es así como se ha llegado a estimar que aproximadamente son 5.000 las personas detenidas en los desordenes públicos y que se pueden dividir en dos grupos: “3.500, por simples desórdenes contra el orden público, los que han sido dejados en libertad y a la espera de una eventual citación de un fiscal. Por otro lado, existen 1.500 detenidos por el delito de desórdenes públicos graves”.

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