La moción de los diputados Alvarez-Salamanca, Arenas, Hoffmann, Kast, Melero, Morales, Recondo, Salaberry, Vilches y Ward, expone que el Estado de Chile concede a un sector determinado de personas beneficios sociales cuyos favorecidos, naturalmente, deben cumplir con ciertos y determinados requisitos o condiciones.
Observa luego que el patrimonio público al ser un bien jurídico tutelado, requiere de una protección más trascendental, sin embargo, esto no ha sido desarrollado por la doctrina chilena y sólo se contemplan ciertos y determinados delitos que aluden a la protección de este interés público.
Añaden que se debe hacer frente a una serie de acontecimientos que se han dado a conocer a la opinión pública, y que dicen relación con personas que han fingido encontrarse en una situación socialmente vulnerable, burlando de esta forma el sistema para así recibir los beneficios proporcionados por el Estado, lo que ha provocado que otras que realmente se encuentran en una situación desmedrada no puedan acceder a las ayudas otorgadas por los organismos estatales.
Con el objeto de subsanar tal situación proponen incorporar un nuevo artículo al Código Penal, que sancione con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales a los que fraudulentamente obtuvieren del Fisco, de las Municipalidades, de las Cajas de Previsión, y de las Instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones o imputaciones indebidas.
Ver texto integro de la moción.
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