El proyecto de ley, iniciado por mensaje, expone que prácticamente todos los habitantes del país son usuarios de uno o más servicios de telecomunicaciones y aduce que las cifras demuestran la importante masificación de las empresas proveedoras de servicios y su fuerte participación en el PIB nacional, así a modo de ejemplo: “la red de telefonía móvil tiene alrededor de 18 millones de abonados, los de telefonía fija son 3.5 millones, 1.8 millones los de la TV pagada, y más de 16 millones los de la TV abierta. En un año se producen más de 580 millones de llamadas de larga distancia nacional, 40 millones de llamadas de larga distancia internacional, 1.8 millones de conexiones fijas a internet, 5.3 millones de conexiones móviles a internet, un 33 por ciento de hogares con acceso a internet y más de 29 proveedores de este acceso”.
El mensaje, añade que en este contexto se requiere adecuar el “papel fiscalizador del Estado”, ya que en la actualidad la actividad fiscalizadora de la SUBTEL y el Ministerio de Telecomunicaciones es básicamente “reactiva”, esto es que se remite sólo a prestar respuestas frente a las denuncias, reclamos y solicitudes de los usuarios y autoridades.
Observa luego que es indispensable crear un nuevo “órgano altamente calificado para dar respuesta adecuada a las innovaciones venideras”, de alto nivel técnico y profesional, que tenga la independencia, estabilidad y flexibilidad necesaria para acometer las tareas que en materia de telecomunicaciones el país demanda.
Con el objeto de subsanar la situación antes descrita y aumentar la fiscalización, la iniciativa propone crear una Superintendencia de Telecomunicaciones, que será un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, cuya función concretamente se centrara en ser un organismo fiscalizador, resolutor y ejecutor de normas.
Asimismo, el proyecto contempla modificar el régimen de sanciones de la Ley N°18.168, General de Telecomunicaciones, agravando las sanciones que la norma contiene y clasifica las infracciones en gravísimas, graves y leves. Además contiene un procedimiento administrativo sancionatorio coherente con el de nuestra legislación actual vigente; entre otras mejoras que el mensaje consulta.
Vea texto íntegro del mensaje.
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