TC español negó solicitud de amparo recaída sobre sentencia que condenó al recurrente por distribución de material pornográfico infantil.

El recurrente sostuvo en su libelo que la forma en que se obtuvieron las pruebas de cargo –a raíz de una denuncia formulada a la policía por un técnico que, al reparar el PC del condenado, se encontró con material pornográfico infantil– vulneró el derecho a la intimidad, el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho a la presunción de inocencia, toda vez que la condena se fundó justamente en tales pruebas con vulneración del primer derecho fundamental invocado, al haber accedido tanto el denunciante de los hechos, como después la Policía, a determinados archivos del computador del demandante de amparo sin su consentimiento y sin autorización judicial, y no existiendo, por lo demás, razones de urgencia.

La sentencia de la Magistratura Constitucional española, aclara que se vulnerará el derecho a la intimidad personal cuando la penetración en el ámbito propio y reservado del sujeto aún autorizada, subvierta los términos y el alcance para el que se otorgó el consentimiento, quebrando la conexión entre la información personal que se recaba y el objetivo tolerado para el que fue recogida. Por otra parte, no podrá considerarse ilegítima aquella injerencia o intromisión en el derecho a la intimidad que encuentra su fundamento en la necesidad de preservar el ámbito de protección de otros derechos fundamentales u otros bienes jurídicos constitucionalmente protegidos.

Por lo que se refiere a la concurrencia de un fin constitucionalmente legítimo que puede permitir la injerencia en el derecho a la intimidad, prosigue la sentencia, este Tribunal ha venido sosteniendo que reviste esta naturaleza el interés público propio de la investigación de un delito, y, más en concreto, la determinación de hechos relevantes para el proceso penal.