CS desestimó acción de protección por término anticipado de contrata de funcionario del Ministerio de Educación.

Se dedujo acción de protección de protección en contra del Ministerio de Educación y del Contralor General de la República, por cuanto el primero dictó una resolución que puso término anticipado a una contrata y el segundo tomó razón de la misma. La actora estima que dicho acto administrativo es ilegal y arbitrario, por cuanto -a su juicio- conculca sus garantías constitucionales, específicamente, las de la igualdad ante la ley y el derecho a la admisión en la función y el empleo público.

El Ministerio informó que la contrata de la recurrente contenía la posibilidad de prescindir de sus servicios con antelación al 31 de diciembre de 2010; mientras que el Contralor General expresó que el recurso es improcedente, porque se dirige en contra del trámite de toma de razón y porque la resolución se ajusta a la ley.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción constitucional, pero la Corte Suprema revocó la sentencia en alzada.