TC rechazó requerimiento de inaplicabilidad que impugna norma que sanciona con multa corta de bosque sin plan de manejo.

El TC rechazó un requerimiento promovido por el Juez de Policía Local de Pencahue, que investiga una denuncia entablada por la Corporación Nacional Forestal en contra de una empresa eléctrica por una supuesta corta de bosque sin plan de manejo, a fin de obtener un pronunciamiento sobre los eventuales efectos contrarios a la Constitución que se derivaría de aplicarse, en ese proceso, lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Ley Nº 701, de 1974, cuyo texto definitivo fue fijado por el Decreto Ley Nº 2.565, de 1979, modificado por la Ley Nº 19.561, de 1998, y su reglamento.

El Juez planteaba que la aplicación del citado precepto legal podría contravenir lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 19 Nº 3 de la Constitución, toda vez que faculta a CONAF no sólo para ejercer labores de fiscalización, sino también para calcular en forma discrecional el monto de la multa en caso que se concluya que se incurrió en la infracción. En tal sentido la multa sería determinada por un particular –naturaleza jurídica que exhibe la Corporación Nacional Forestal- que ejercería potestades públicas, lo que estima contrario a las disposiciones constitucionales citadas.

El Magistrado apoyó su presentación en los razonamientos contenidos en el voto de minoría de los Ministros Bertelsen, Vodanovic y Correa, quienes estimaron inconstitucional conferir a un ente privado atribuciones o potestades públicas de aquellas que la Carta Fundamental reserva a las autoridades que la Constitución establece, pronunciamiento que emitieron, precisamente, cuando el TC ejerció el control preventivo y obligatorio sobre la constitucionalidad del proyecto de ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal (Rol Nº 1024).