TC dictó sentencia rechazando solicitud de inhabilitación de la Senadora Ena Von Baer.

El TC rechazó la solicitud presentada por cinco senadores y cinco diputados para inhabilitar a la parlamentaria en ejercicio, Ena Von Baer, nombrada por su partido como reemplazante del senador Hernán Chadwick por no cumplir los requisitos para ser elegida senadora.

Los requirentes sostenían que a los Senadores nombrados como reemplazantes les son aplicables los mismos requisitos de elegibilidad, inhabilidades y causales de cesación en el cargo que a los Senadores electos por expresa disposición constitucional, por lo cual al haber sido Ministra de Estado en el año inmediatamente anterior a su designación como legisladora debía ser inhabilitada.

En su sentencia, el TC explica desde luego que se ha planteado a esta Magistratura un conflicto constitucional, dentro de la esfera de su competencia como titular del sistema nacional de solución de los conflictos constitucionales, por lo que ha de ser resuelto mediante el presente proceso. En ese sentido, las principales disposiciones constitucionales que, además de las normas directamente envueltas en el conflicto, gravitarán en la decisión del Tribunal, son: el artículo 4° de la Carta Fundamental, que consagra como principio fundamental que Chile es una república democrática, por ser uno de los rasgos más característicos de esta forma de gobierno instituir sus gobernantes mediante elecciones libres y periódicas. A continuación, el artículo 5° de la Ley Suprema, pues declara que el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, y también por las autoridades que la misma Constitución establece; y el artículo 7°, que dispone que los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes. Luego el artículo 15, que establece que sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en la Constitución, y el 18, que dispone la creación de un sistema electoral público, cuya organización y funcionamiento, así como la forma en que se realizan los procesos electorales en lo no previsto por la Constitución, son regulados por una ley orgánica constitucional; el N° 17 del artículo 19, porque asegura la admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes, y, por último, su artículo 95, que establece un Tribunal Calificador de Elecciones, encargado de conocer del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de Presidente de la República, de diputados y senadores, resolver las reclamaciones a que dieren lugar y proclamar a los que resulten elegidos.