Diario Constitucional

Se vulneró principio de sujeción a las bases de licitación.

CS acogió recurso de queja contra sentencia de la Corte de Santiago que rechazó decisión del TCP referida a impugnación de proceso de licitación.

La Corte Suprema acogió un recurso de queja interpuesto por una empresa en contra de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que había acogido un recurso de reclamación respecto de una decisión del Tribunal de Contratación Pública (TCP), dejando en definitiva a firme la decisión de este último órgano orden a…

Por Redacción·27 de enero de 2012·3 min de lectura
CS acogió recurso de queja contra sentencia de la Corte de Santiago que rechazó decisión del TCP referida a impugnación de proceso de licitación.
Referencial

La Corte Suprema acogió un recurso de queja interpuesto por una empresa en contra de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que había acogido un recurso de reclamación respecto de una decisión del Tribunal de Contratación Pública (TCP), dejando en definitiva a firme la decisión de este último órgano orden a estimar una acción de impugnación en contra de una resolución de adjudicación de una licitación de una obra de vialidad en la comuna de Los Andres, emitida por el Serviu de la Región de Valparaíso.

La Corte de Apelaciones de Santiago –al estimar el recurso de reclamación en contra de la decisión del TCP- razonó que la atribución de resolver una licitación convocada es una facultad privativa de la jefatura del servicio licitante, por lo que no es procedente revisar la eventual arbitrariedad o no de tal decisión.

La empresa oferente que no resultó gananciosa, no conforme con la resolución del Tribunal de Alzada capitalino recurrió de queja ante la Corte Suprema, denunciando que la sentencia fue dictada con “faltas o abusos graves”, consistentes en la omisión de pronunciamiento respecto de la arbitrariedad en que habría concurrido el licitante, la infracción del principio de estricto apego a las bases de la licitación y el desconocimiento de las facultades de la Contraloría General de la República.

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