Recalificación sectorial no se ajustó a los criterios legales pertinentes.
Corte de Antofagasta acoge acción de protección contra Central Termoeléctrica Castilla.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta, en calidad de subrogante legal de la Corte de Apelaciones de Copiapó, acogió la acción constitucional en cuanto al primer grupo de recursos, para lo cual desestimó, en primer término, la solicitud de improcedencia, por cuanto la acción constitucional no va encaminada a cuestionar el mérito técnico de la decisión sino verificar que no transgreda garantías fundamentales...

Se ordenaron acumular sendos recursos de protección en contra del acto de la Seremi de Salud de Atacama mediante el cual se cambió la calificación del proyecto “Central Termoeléctrica Castilla”, de “contaminante” a “molesta”.
El primer recurso, deducido por la Junta de Vecinos Totoral y el Sindicato de Trabajadores Independientes y Pescadores, se dirigió en contra de la resolución del Secretario Ministerial de Salud de Atacama, por haber dictado la Resolución Exenta N° 578 de 15 de febrero de 2011, que invalidó el pronunciamiento BS3 N° 110 de 19 de enero de 2010 de la misma autoridad, que calificaba el Proyecto “Central Termoeléctrica Castilla” como industria “contaminante”, recalificándola como “molesta”. Los recurrentes sostienen que se trata de una actuación ilegal en la medida que la autoridad excede las potestades que el ordenamiento le confiere, y que vulnera sus derechos a la igualdad ante la ley y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
El Secretario Ministerio de Salud de Atacama solicitó el rechazo de los recursos, señalando, en primer término, la improcedencia del mismo por existir otros medios impugnar la decisión y por tratarse de una decisión técnica. En cuanto al fondo, señala que no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna, toda vez que la recalificación operó en el contexto de una solicitud de invalidación presentada por el titular del proyecto y fundada en un error manifiesto de medición de la anterior autoridad en el cargo, y por cuánto los recurrentes no especifican la manera en que se afectarían las garantías constitucionales que estiman vulneradas.
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