Tribunal Superior inglés acogió demanda de la BBC en contra de Ministro de Justicia inglés por impedir grabación y reproducción de entrevista a preso.

La sala de Derecho Administrativo del Tribunal Superior inglés acogió una demanda y anuló la decisión de un órgano administrativo, en un proceso de control judicial de constitucionalidad (judicial review), en contra de una decisión del Ministro de Justicia en virtud de cual negó la solicitud de la BBC de publicar en televisión una entrevista al ciudadano inglés, el señor Babar Ahmad, actualmente detenido y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos bajo cargos de haber cometido delitos terroristas.

La demandante sostuvo que la realización de la entrevista solicitada revestía un interés público excepcional, toda vez que se trata de una persona que ha permanecido detenida por 7 años en una prisión del Reino Unido, sin condena, y a la espera de una decisión sobre su extradición a los Estados Unidos de Norteamérica. Al mismo tiempo, el Sr. Ahmad fue indemnizado por las heridas y daños que le causaron los oficiales policiales al momento de su detención. Por otra parte, el caso de Babar Ahmad ha atraído la atención de miembros del parlamento inglés y de la opinión pública, al punto que se recopilaron 160.000 firmas en una petición para que este ciudadano sea juzgado en el Reino Unido y no en Estados Unidos. Finalmente, sostuvo que se debe tener en consideración que el caso del Sr. Ahmad ha sido declarado admisible en parte ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el que ha decretado una orden de no innovar en relación al proceso de extradición. Por las razones anteriores, sostiene que una entrevista televisada y personal es importante para que el público conozca todas las implicancias de este caso, y constituye un ejercicio legítimo de su libertad de expresión.

Por su parte, el Ministro de Justicia sostuvo que su decisión se ajustó a lo dispuesto en la normativa legal y administrativa pertinente, toda vez que la publicación de la entrevista conlleva el riesgo de un daño a las víctimas de actos terroristas de el Reino Unido y en otros países, y también a la confianza en el sistema de justicia criminal.