Para evitar disparidad de criterios.
Senadores proponen definir en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado el concepto de falta de servicio.
La moción de los senadores Bianchi y Muñoz expone que en los últimos años se han desarrollado una serie de catástrofes naturales, tales como el terremoto del 27 de febrero de 2010 y el reciente desbordamiento del río de las Minas en Punta Arenas, que han afectados vidas humanas y el patrimonio de muchas familias,…

La moción de los senadores Bianchi y Muñoz expone que en los últimos años se han desarrollado una serie de catástrofes naturales, tales como el terremoto del 27 de febrero de 2010 y el reciente desbordamiento del río de las Minas en Punta Arenas, que han afectados vidas humanas y el patrimonio de muchas familias, con claro cuestionamiento a las medidas adoptadas por el Estado para prevenir o morigerar las consecuencias de estos desastres.
A esta constatación fáctica, la iniciativa agregó una reflexión jurídica, relativa a la ausencia de claridad en la doctrina a la hora de definir el estatuto constitucional y legal relativo a la responsabilidad extracontractual de la Administración del Estado, que emana de lo dispuesto en el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política, y del artículo 42 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que alude a la idea de “falta de servicio”, pero no la define.
El proyecto expone que no existe acuerdo en la doctrina nacional sobre qué tipo de estándar de responsabilidad cabe exigir a la Administración del Estado, distinguiéndose aquellos que aluden a la “responsabilidad objetiva”, que desprende la responsabilidad del Estado directamente desde las reglas constitucionales, bastando una actuación lesiva a la esfera patrimonial de una persona por parte de un funcionario, independientemente del reproche motivacional o subjetivo que se pueda formular. A su turno, la “teoría de la falta de servicio”, en que también se distingue una vertiente subjetiva o vinculada a la culpa de la Administración, y otra relativa a la ausencia de una gestión efectiva o el cumplimiento de un estándar legal o razonable.
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