Para hacer efectiva su responsabilidad constitucional.
Oposición estudia presentar acusación constitucional en contra del Ministro Hinzpeter por la actuación de carabineros desplegada en Aysén
Los diputados Goic, Muñoz y Schilling evalúan una acusación constitucional contra el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, acusándolo de vulnerar derechos constitucionales y de una deficiente gestión durante el conflicto en Aysén. Señalan uso excesivo de fuerza policial y afectación de derechos civiles. En contraste, parlamentarios oficialistas respaldan al ministro y descartan antecedentes que justifiquen la acusación.

Le corresponde a la Cámara de Diputados –como atribución exclusiva- declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas: del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, de los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, de los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional y, por último, de los intendentes y gobernadores, por las causales que, respecto de cada una de esas autoridades taxativamente establece el artículo 52 N° 2 de la Constitución. Se exceptúan –como sujetos pasivos- de la acusación constitucional los ministros del Tribunal Constitucional.
Como es sabido, aprobada la acusación queda la autoridad suspendida de su cargo, y el procedimiento sigue su tramitación ante el Senado, que actúa como tribunal y resuelve como jurado, para declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa, como lo establece el artículo 53 N° 1 de la Carta Fundamental.
Los diputados Goic, Muñoz y Schilling, han anunciado que se encuentran evaluando presentar una acusación constitucional en contra del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, debido a que existen pruebas contundentes en el hecho de que se han vulnerado los artículo 1° y 19 N° 5 de nuestra Carta Fundamental, en relación a la obligación del Estado de garantizar la seguridad y desarrollo de todos los chilenos; y el reconocimiento del derecho a la inviolabilidad del hogar, situación que evidentemente no fue respetada por los funcionarios policiales. Asimismo, consideran que el actuar del ministro, ha sido defectuoso en la solución del conflicto de Aisén, y agregan que “su conducta ha sido sistemática y refleja no sólo una deficiente gestión, sino una concreta vulneración de los derechos civiles de los ayseninos”.
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