Modifica atribuciones exclusivas del Presidente de la República.
Senadores proponen establecer un sueldo mínimo diferenciado considerando las características de las distintas regiones
La moción presentada por los senadores Bianchi, Horvath, Muñoz, Rincón y Walker plantea que la seguridad social debe garantizar protección frente a diversas contingencias y mejorar el acceso a servicios esenciales, especialmente en las zonas más apartadas del país. Ante el impacto del alza en servicios básicos y las desigualdades en salud y educación, la iniciativa propone modificar el artículo 65 de la Constitución para que los instrumentos que determinan a los beneficiarios consideren las particularidades regionales, permitiendo establecer un sueldo mínimo diferenciado que asegure un poder a

La moción de los senadores Bianchi, Horvath, Muñoz, Rincón y Walker expone que la seguridad social comprende varios aspectos de contingencia tendientes a proporcionar protección a los trabajadores y a su familia, tales como el desempleo, las enfermedades, los accidentes, la incapacidad laboral y la vejez; a las personas dependientes frente a la invalidez o muerte del jefe de hogar y a mejorar la calidad de vida de quienes viven en situación de pobreza e indigencia; entre otras.
Observa luego que la necesidad de crear programas y políticas públicas que ofrezcan un mayor acceso a los sectores más apartados de nuestro país, han sido un gran desafío para los Gobiernos de los últimos años. Asimismo, la iniciativa indica que las políticas y programas se han visto afectadas por las importantes alzas en los servicios básicos y bienes, sumado a la poca cobertura en prestaciones indispensables como son salud y educación.
Por estas razones, la moción propone modificar el inciso 4° del artículo 65 de nuestra Carta Fundamental, en relación a las materias que serán de atribución exclusiva del Presidente de la República, en cuanto “los instrumentos que sirvan para determinar a los beneficiarios deberán considerarse especialmente las características de las distintas regiones del país de forma que las prestaciones respectivas tengan un poder adquisitivo equivalente en todo el territorio nacional”. Es decir, estableciendo un sueldo mínimo, diferenciado que compense estas diferencias, replicando para el sector privado, lo establecido para los funcionarios de la administración pública mediante correctivos como la asignación de zona y la bonificación de zonas extremas.
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