Corte Constitucional de Colombia se inhibió de dictar sentencia de fondo sobre impugnación de normas que sancionan formas de genocidio

En el marco de un control de constitucionalidad, la Corte Constitucional de Colombia se inhibió de proferir un fallo de fondo en relación con el artículo 1º de la Ley 1426 de 2010, mediante la cual se introducen modificaciones en la legislación de aquel país relativa a las conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de los defensores de derechos humanos y periodistas.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional Colombiana reiteró que conforme lo ha establecido la jurisprudencia, no todo el texto del Estatuto de Roma hace parte del bloque de constitucionalidad, lo cual no obsta para que algunos de sus artículos sí lo conformen.

En ese sentido, prosigue este fallo advirtiendo que, aunque en múltiples situaciones la Corte Constitucional ha traído a colación el texto del Estatuto de Roma, no lo ha hecho como parámetro para ejercer el control de constitucionalidad sobre las leyes, sino como un elemento que permite reforzar una determinada construcción argumentativa, como por ejemplo, la evolución que ha tenido una figura como la posición de garante, la regla de exclusión, los derechos de las víctimas, juicios en ausencia, etc.). Así mismo, en ciertos casos, la Corte ha realizado un reenvío hacia el Estatuto de Roma, con el fin de dotar de contenido y alcance una determinada expresión legal, tal y como ha sucedido con los crímenes de guerra (sentencia C-1076/02). De igual modo, esta Corporación ha señalado que el legislador colombiano puede ir más allá de lo regulado por el Estatuto de Roma, actuando con base en su potestad de configuración normativa y su deber de protección de bienes jurídicos (art. 2º de la C.P.), para extender la protección de las víctimas a ciertos casos no regulados por el Estatuto de Roma (vgr. genocidio contra grupos políticos), sin que por ello se desconozca el objeto y fin del tratado internacional.