Comisión de Acusación Constitucional recomendó rechazar el Juicio Político en contra del Ministro del Interior.

La Comisión de Acusación Constitucional, recomendó –por tres votos en contra y dos abstenciones- rechazar el juicio político en contra del Ministro del interior Rodrigo Hinzpeter, que se fundamenta principalmente según indica el líbelo que durante la manifestaciones realizadas en Aysén habría ejercido “abusivamente las facultades de las que dispone para la mantención del orden público” transgrediendo el artículo 19 N° 1 y 5 de nuestra Constitución Política, que garantiza el derecho a la integridad física y la inviolabilidad del hogar respectivamente.

En la ocasión, se contó con la participación de destacados académicos y expertos en materia constitucional, con el objeto de realizar un análisis pormenorizado de la situación que afecta al titular de la cartera y asesorar a la respectiva instancia. En este sentido, expuso la consejera del colegio de abogados, Olga Feliú, quien se refirió a dos capítulos relativos a la acusación que a su juicio era improcedente, debido a que la “supuesta” transgresión a las normas constitucionales no alude a una responsabilidad directa del Ministro del Interior, sino que corresponde asumirla al cuerpo de Carabineros. Agregó, que respecto a la segunda causal invocada que dice relación con el hecho de dejar sin ejecutar el artículo 3 letra b) de la Ley N° 20.502, relativo a la concentración de la decisión política en materias de orden y seguridad pública interior en el Ministerio del Interior, no se configurarían “los fundamentos de esa pretendida infracción porque el escrito señala lo que el ministro debería hacer, una apreciación de cómo debería ejercer sus facultades discrecionales” y a juicio de la abogada esto “no le corresponde a la Cámara de Diputados y por ello no es constitucionalmente admisible”.

De manera contraria, el abogado Fernando Atria, redactor del líbelo de acusación, expresó que los descargos sostenidos por el Ministro que indican que “la acusación es inadmisible porque a su juicio la Cámara no tendría competencia para pronunciarse sobre el modo en que él ejerce sus facultades para velar por el mantenimiento del orden público” sería desacertado y “contraria a la Constitución y la ley porque cualquier análisis jurídico muestra que la Cámara de Diputados tiene esa competencia y que se trata de un juicio en algún sentido más político que jurídico”. Agrega, que la segunda razón expuesta en la defensa en relación a que “el Ministro sólo fuera responsable por los actos personales ejecutados y por tanto, no existiría la infracción deducida en contra del artículo 19 N° 1” es demasiado restringida, ya que “Carabineros depende del Ministerio del Interior y es esencialmente obediente, cómo quedó reflejado cuando en su oportunidad ordenó que se suspendiera el uso de gas lacrimógeno”.