El proyecto de reforma constitucional iniciado por moción de los diputados Aguiló, Bobadilla, Girardi, González, Monsalve, Tarud y Venegas, expone que antiguamente la educación era gratuita y su acceso considerado “como factor determinante de la anhelada movilidad social”, permitiendo a personas de escasos recursos convertirse en profesionales.
Observa luego que hoy la realidad es distinta, existiendo diversos tipos y calidades tanto de educación como de estratos socioeconómicos hay en el país. En efecto, en sectores más acomodados “se ingresa con puntajes relativamente altos y se pagan aranceles también elevados”, y por el contrario en los sectores medios y de menores recursos, se ingresa con puntajes razonablemente más bajos, pagando “aranceles que si bien son más bajos que en las primeras, resultan muy altos cuando se agrega el costo financiero”, por lo que los estudiantes “difícilmente logran terminar una carrera profesional, y si lo hacen, cuentan con precarias herramientas”, por lo que difícilmente su futuro cambiará, viéndose así reforzada la estratificación social.
A su turno, agregan que si bien hay becas y créditos que ofrece el Estado para seguir estudios superiores, estas “establecen que cubren hasta el 100% del arancel de referencia de la carrera, un término que pocos entienden y que se suele confundir con el arancel real que paga un estudiante”, que no son coincidentes. Al mismo tiempo, que no todas las carreras cuentan con dichos beneficios, sino solo las acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado. Estiman que dicho arancel debería ser el máximo, terminando así con los límites y la discriminación.
A tales fines, proponen introducir un inciso final en el artículo 19 N°11 de la Constitución Política, de manera tal que sea el Estado quien “fijará, periódicamente, los aranceles máximos que podrán cobrar las instituciones de educación superior por las carreras que impartan».

Vea texto íntegro de la moción.

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