La Constitución establece, en su artículo 1° inciso final, el deber del Estado de “promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.
A fin de cumplir con este mandato constitucional, se publicó, con fecha de 10 de febrero de 2010, la Ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
En días pasados, y previa solicitud de la Comisión de Superación de la Pobreza de la Cámara de Diputados, el recientemente creado Departamento de Evaluación de la Ley de dicha rama del Congreso Nacional, cuya misión es monitorear normas legales de impacto social (Véase relacionado), comenzó a realizar una completa evaluación de los efectos generados por la normativa legal.
En este contexto, se ha recibido la opinión de expertos y representantes de organizaciones vinculadas con el ámbito de la discapacidad, incluyendo el Programa sobre Discapacidad de la Universidad Diego Portales y la Unión Nacional de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Mental (UNPADE), entre otros.

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