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Cámara de Diputados rechazó proyecto que pretendía consagrar a nivel constitucional el sueldo mínimo regional y suprimir como materia exclusiva del Ejecutivo la de fijar el sueldo mínimo de los trabajadores del sector privado.

“un costo adicional para a las empresas que se instalen en las zonas extremas, reduciendo con ello las ofertas de trabajo”, al mismo tiempo que los “altos ingresos mínimos en una zona fronteriza podrían agravar el problema de inmigración existente en nuestro país”,

31 de agosto de 2012

La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de reforma constitucional, iniciado por moción en enero del año 2011, que tenía por objeto eliminar como materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, el “fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos”. Asimismo, proponía incorporar como una materia de ley el  “Fijar el sueldo mínimo de los trabajadores del sector privado, considerando un mecanismo de ajuste para que el ingreso mínimo de los trabajadores de regiones distintas de la metropolitana de Santiago conserven el mismo valor adquisitivo de aquella, aumentar obligatoriamente dicho sueldo o sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos”, que ha sido denominada “asignación de zona”.
Cabe destacar que,  la iniciativa fue aprobada previamente en la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara Baja, resultado que por una parte fue valorado por dirigentes sociales y sindicales de las regiones de Aysén y Magallanes, al entender el proyecto como una “sentida demanda histórica en la Patagonia”, pero por otra parte los subsecretarios de Hacienda y de Trabajo no estuvieron de acuerdo por  ser contrario al empleo, lo que estiman como “un costo adicional para a las empresas que se instalen en las zonas extremas, reduciendo con ello las ofertas de trabajo”, al mismo tiempo que los “altos ingresos mínimos en una zona fronteriza podrían agravar el problema de inmigración existente en nuestro país”, lo que fue reafirmado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que propuso el rechazo del proyecto a la Sala.
En este sentido, conforme al artículo 68 de la Carta Fundamental, el proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año, impidiendo continuar con su tramitación.

Vea texto íntegro de la moción y tramitación.

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