Luego de un amplio debate, recientemente el Parlamento de Cataluña aprobó solicitar al Gobierno central de España llevar a cabo un referéndum en donde se decida su separación total del Estado ibérico, que se realizaría una vez celebradas las elecciones regionales del 25 de noviembre próximo.
Cataluña –comunidad autónoma también denominada por sus habitantes como la “España del Norte”–, en medio de la profunda crisis económica que afecta a toda la península ibérica, ha decidido iniciar un proceso de consulta popular sobre su separación territorial definitiva, por cuanto estima que, desde tiempos inmemoriales, ha subsidiado económicamente a toda España pagando altísimas tasas impositivas que no han sido gestionadas responsablemente por el Ejecutivo, y que en la actualidad la tienen como la región más endeudada del territorio hispano, con una de las peores situaciones financieras de Europa.
Por su parte, el Gobierno central –que debe aprobar la consulta– considera inconstitucional la iniciativa, toda vez que, la separación, y la consecuente independencia de una región, afecta no sólo a los catalanes, sino también a todos los españoles, por lo que, aduce, un referéndum de estas características debiera aplicarse en toda España, de lo contrario quedan abiertas las vías para su impugnación ante el Tribunal Constitucional de aquel país.
Según encuestas publicadas por la dirigencia de Cataluña, más del 80% de sus habitantes apoyan su independencia del resto de España –o de la “España del Sur”– al punto que, en las últimas horas, han advertido al gobierno de Mariano Rajoy que ni aún las armas podrán impedir que este proceso siga adelante.

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