En días pasados, el Instituto Libertad y Desarrollo, publicó un estudio en el que analiza y cuestiona la reelección de funcionario que realicen cargos públicos en nuestro país, esto en conformidad a las cinco iniciativas que existen en relación a esta materia.
El documento, grafica –desde el año 1989- la evolución en el acceso al poder legislativo de nuevos senadores y diputados, y su correspondiente reelección en las últimas tres elecciones. Así, desde esta fecha, “se han votado 852 cargos parlamentarios por elección popular”, desglosándolo en “720 diputados y 132 senadores”. De acuerdo a estos datos, “335 ciudadanos han sido electos diputados y 91 senadores, lo que representa en cifras porcentuales “la rotación de un 41% ha sido parlamentario una única vez y un 25% lo ha hecho en más de dos ocasiones”. Lo que reflejaría a juicio del informe, “una constante rotación de parlamentarios”.
De acuerdo al informe, existen ciertos antecedentes que beneficiarían la reelección de senadores y diputados, específicamente porque este hecho motivaría a los parlamentarios a continuar en su labor legislativa profundizando en el conocimiento de las materias y favoreciendo la “conexión electoral” lo que permitiría la proyección de políticas públicas de largo plazo y mayores niveles de rendición de cuentas de cara a una eventual reelección, creando una mayor relación entre los representantes y electores.
Por otro lado, quienes se oponen a la reelección indefinida de parlamentarios y otros funcionarios públicos, como alcaldes y concejales, señalan que desde el punto de vista de la Teoría democrática, esta debe ser la “institucionalización de la incertidumbre” respecto a los ganadores de la contienda electoral, y un patrón para asegurar esta incertidumbre sería el límite a la reelección, siempre que se aseguren de manera transparente y certera las reglas del “juego”. Agregan que establecer límites a la reelección sería una herramienta útil para evitar el posible estancamiento de figuras políticas en el poder, como lo que estaría ocurriendo en nuestro país.
La renovación del aparato previene que la corrupción se asiente como un hábito en los congresistas y causa una aceleración de la movilidad política al permitir el acceso a escaños a nuevos candidatos.
El informe concluye, que los conflictos en nuestro país recaen en la “conveniencia de que el Congreso, no reciba las presiones de sus electores frente a la reelección y, por otra, el beneficio de que, tratándose de un parlamentario eficiente y ponderado, sea reelegido cuantas veces los electores estimen conveniente”.

Vea texto íntegro del informe.

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