Diario Constitucional

Hubo disidencia.

CS rechaza casación y confirma falta de servicio por accidente en la vía pública.

“la falta de servicio atribuida a la Municipalidad de San Carlos por la sentencia recurrida se construye sobre la base de no haber velado por el buen estado de la calle”.

Por Redacción·23 de octubre de 2012·3 min de lectura
Imagen: Corte Suprema
Referencial

Se dedujo recurso de casación en el fondo en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán que, revocando la de primer grado, acogió una acción de indemnización por falta de servicio en contra de un municipio, a causa de un accidente en la vía pública.

En el arbitrio de nulidad sustancial se denuncia la infracción del artículo 42 de la Ley N° 18.575, del artículo 169, inciso 5°, de la Ley de Tránsito, del artículo 5° letra c) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, de los artículos 1698 y 1712 del Código Civil y del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, pues se ha errado en la calificación de la falta de servicio, pues el municipio actuó conforme a su capacidad instalada y con los medios humanos y materiales disponibles, es decir, de acuerdo a parámetros razonables y no sujeta a máximas absolutas ideales, recalcando que el lugar donde ocurrió el accidente corresponde a una arteria principal y que está construido con pastelones de cemento que se hallaban en buenas condiciones, agregando que la mantención del pavimento de la comuna de San Carlos le compete al Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región del Bío-Bío o al Gobierno Regional, pero no a la Municipalidad de San Carlos.

La Corte Suprema desestimó el recurso de casación en el fondo, declarando que las normas reguladoras de la prueba se entienden vulneradas “cuando los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan las pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso cuando la ley les asigna uno determinado de carácter obligatorio o alteran el orden de precedencia que la ley les diere” y que “la actividad de valoración o ponderación de las probanzas y, con ello, la fijación de los hechos en el proceso, queda agotada en las instancias del juicio, a menos que al fijarlos los magistrados del fondo hayan desatendido razones lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignarles valor y determinar su eficacia; aspecto este último que no se evidencia en la especie”.

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