Se solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República, en representación de la sociedad de Transportes e Inversiones Shiappacasse Ltda., sobre la categorización de la actividad de estacionamiento temporal de vehículos, atendido que la Ley General de Urbanismo y Construcciones -sancionada por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo-, su Ordenanza General -aprobada por el decreto N° 47, de 1992, de dicha cartera Ministerial-, los instrumentos de planificación territorial, y las circulares pertinentes, no dan cuenta de las características de ese tipo de proyectos, lo que podría generar “una interpretación equívoca por parte del organismo planificador, instalando una falta de certeza jurídica sobre la materia”. El órgano contralor se pronunció señalando que, de conformidad a la Ley Orgánica Constitucional N° 10.336, de la Contraloría General de la República, con las instrucciones impartidas por el oficio N° 24.841, de 1974, y de acuerdo con la jurisprudencia administrativa, “sólo le corresponde conocer y pronunciarse respecto de presentaciones deducidas por particulares en caso de que ellas se refieran a asuntos en que se haya producido una resolución denegatoria o dilatado una decisión por parte de la autoridad administrativa, habiéndola solicitado el interesado, circunstancias que deben ser acreditadas”. Por tanto, el contralor dispuso abstenerse de pronunciarse acerca de la solicitud, debido a que no se encuentra en las circunstancias antes descritas.

 Vea texto íntegro del Dictamen N° 30.993

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