Casas COPEVA.
CS acogió casación en el fondo contra sentencia de Corte de Santiago que había condenado a la Municipalidad a pagar indemnización.
El recurso de casación en el fondo denuncia la vulneración de los artículos 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República, 4 y 44 de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado y 152 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Se dedujo recurso de casación en el fondo, por la parte demandante, en contra de la sentencia dictada porla Cortede Apelaciones de Santiago que revocó la de primera instancia y rechazó la demanda de indemnización de perjuicios, en el ámbito de lo patrimonial, deducida en contra de la Municipalidad de Puente Alto, en el denominado caso de las Casas COPEVA.
El recurso de casación en el fondo denuncia la vulneración de los artículos 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República, 4 y 44 de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado y 152 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
El máximo Tribunal acogió el recurso de nulidad sustancial señalando que “es posible concluir que el inspector técnico de la obra o el constructor son los profesionales a quienes la ley pone de cargo la obligación de verificar lo relativo al control de calidad de las edificaciones, de modo que la responsabilidad de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Puente Alto por falta de servicio no ha sido demostrada con los antecedentes allegados a la causa. En efecto, la falta de servicio, como factor de atribución de responsabilidad patrimonial de la Administración, ha sido definida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia de esta Corte como aquella en que el Servicio actúa de manera defectuosa, tardíamente o no actúa, es decir, su actuar no observa el estándar de comportamiento que le es exigible. En el caso que nos ocupa, la entidad municipal realizó todas las labores de inspección y fiscalización que en el ámbito de su competencia el legislador le ha asignado, cuestión que por lo demás no ha sido controvertida por los demandantes, pues la censura de éstos sólo se ha dirigido a no haber llevado a cabo un examen de calidad de las viviendas que, como se ha expuesto, no se encontraba dentro de sus atribuciones. En este sentido, resulta relevante dejar anotado que las posteriores modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza han venido a precisar el rol que le cabe a las Direcciones de Obras de las Municipalidades, acotando expresamente el artículo 144: “El Director de Obras deberá revisar únicamente el cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables a la obra, conforme al permiso otorgado, y procederá a efectuar la recepción, si fuere procedente”.
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