La moción de los senadores Allamand, Chahuán, Espina y Prokurica, expone que reiteradamente Carabineros de Chile ha sido víctima –por parte de grupos violentistas- de graves atentados a su integridad psíquica y física en situaciones de contención social producto de manifestaciones o celebraciones de la comunidad.

Observa luego que “entre los años 2009 y  2013, 2.550 funcionarios de Carabineros de Chile sufrieron lesiones con motivo del cumplimiento de su deber de resguardar el orden público”. Agrega que Carabineros de Chile tiene 1.163 mártires y la Policía de Investigaciones 53 funcionarios que han fallecido en el cumplimiento de su misión constitucional de garantizar el orden público y la seguridad pública interior. 

Sin embargo, los autores de la iniciativa enfatizan que estos lamentables hechos se traducen en la impunidad de quienes han participado en estas reprochables acciones.

Así, y con el objeto de sancionar ejemplarmente a quienes participen en este tipo de atentados, el proyecto de ley dispone que: “cuando un Carabinero o funcionario de la PDI es víctima de una agresión, un maltrato o se les golpea, aun cuando no tenga lesiones corporales físicas, esa persona tendrá una pena que va entre 61 a 540 días de cárcel”. Asimismo, establece que cuando un Carabinero o un funcionario de la PDI es asesinado o queda con lesiones graves gravísimas y el juez condena a los autores de este delito, ellos no tendrán derecho a la excarcelación, esto es a que pueda cumplir la pena en libertad, como lamentablemente puede ocurrir hoy porque la legislación chilena no excluye este tipo de graves delitos de la posibilidad que un juez le entregue medidas alternativas”.

Finalmente, el texto propone permitir “al General Director de Carabineros y al Director de la PDI, en representación de su institución, deducir querellas criminales en defensa de Carabineros y funcionarios que son víctimas de agresiones, en el cumplimiento de sus funciones cosa que hoy en nuestro país no ocurre”.

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