Una acusación constitucional en contra del Ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, fue presentada por los diputados Saffirio, Espinoza, Flores, Jiménez, Rincón, Rocafull, Fernández, Girardi, Provoste y Sepúlveda.

Al efecto, cabe recordar que la Carta Fundamental contempla como una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las autoridades y por las causales que en el artículo 52 N°2 se enumeran taxativamente. Dentro de las personas acusables, se encuentran los magistrados de los tribunales superiores de justicia, por notable abandono de deberes.

Por su parte, el Reglamento de la Cámara de Diputados dispone un plazo de 3 días para notificar al ministro Carreño. Posteriormente, éste tendrá 10 días para concurrir a la Comisión a presentar su defensa o enviarla por escrito. Luego, la Comisión tendrá 6 días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse a favor o en contra.

La presente acción, tiene su origen en las conclusiones de la comisión que investigó los hogares del Sename, que apuntan a la responsabilidad del ministro Carreño en el ocultamiento de un informe elaborado por el Poder Judicial y la Unicef, en que se detectaron casos de vulneración de derechos esenciales de menores en estos recintos.

Así, en el primer capítulo de la acusación se señala que Héctor Carreño no cumplió «con los deberes encomendados» como «responsable de la unidad de apoyo a la reforma de la justicia de familia». En el capítulo dos, se expone que el Ministro «vulneró» sistemáticamente y de forma «grave los derechos fundamentales de las personas en causas de violencia intrafamiliar» desde 2008.

Finalmente, se expresa en el capítulo tres que «la conducta del ministro ante la evidencia de malas prácticas de la justicia de familia en la tramitación de las causas de protección de niños, niñas y adolescentes que en el orden judicial se encuentran viviendo dentro del sistema de protección del Estado. Se habla de vulneraciones de los derechos de los niños y ante la situación de riesgo en que estos fueron encontrados dentro del sistema de protección estatal detectadas en estudios realizados entre el propio Poder Judicial y la Unicef».

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