Se dedujo acción de protección -por parte de un particular- en contra de la Inspección del Trabajo de Providencia y en contra de un fiscalizador de la misma entidad.

El recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales de los numerales 3 inciso 5° y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto la Inspección recurrida emitió la Resolución  N° 7731/14/ 31 que le impuso a su representada una multa administrativa de 60 UTM indicando como norma infringida y sancionadora el artículo 45 inciso 1° y el artículo 506 del Código del Trabajo.

Al respecto, expuso que el fiscalizador recurrido se constituyó en comisión especial al fijar el verdadero sentido y alcance de los contratos de trabajo de los trabajadores que se individualizaron en el resolución impugnada, resolviendo un tema de absoluta dificultad, que requiere rendición de prueba, ponderarla y calificar los hechos a partir de la posibilidad para que las partes en litigio tengan el debido proceso.

Luego, adujo que los recurridos, a su entender, han sobrepasado sus atribuciones al fijar el sentido y alcance de la cláusula contractual relativa a las remuneraciones variables y la posibilidad que éstas devenguen el beneficio de la semana corrida,  lo que importa que por la vía administrativa se establezcan y constituyan derechos y obligaciones para las partes contratantes, agregando de igual modo que actuaron fuera del ámbito de sus facultades fiscalizadoras, ya que interpretaron los contratos de trabajo suscritos por los trabajadores, especialmente la cláusula relacionada al pago de las remuneraciones, estableciendo que aquella remuneración variable que perciben denominada incentivo de gestión de atención post venta, les otorga el derecho a ser incluida para el pago del beneficio de la semana corrida.

La Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó el recurso de protección, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema en alzada.

En su sentencia, sostuvo en lo grueso que “no se encuentran  acreditados los supuestos básicos del recurso interpuesto, esto es, la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, sólo cabe desestimar el recurso, sin que resulte necesario entrar a analizar la vulneración de garantías constitucionales que se denuncian, sin perjuicio de hacer constar su extemporaneidad ya que lo verdaderamente impugnado por la recurrente, no lo formal que fue la Resolución por la infracción detectada, había sido resuelto y oficialmente comunicado por la Directora del Trabajo a ADT Security Services S.A. a la recurrida en el mes de Noviembre del año 2013, según lo señalado precedentemente”.

Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte Suprema Rol N°23035-2014.

Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol N°35169-2014.

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