Acerca del control de correos electrónicos por parte de empleadores.

A propósito de la discusión ventilada sobre el tratamiento de la información contenida en correos electrónicos corporativos, y la factibilidad de su control por parte de empleadores, en una reciente publicación se destaca la sentencia dictada por el Tribunal Supremo Español en la que se analiza la relevancia penal del control empresarial sobre el email de los trabajadores.

En tal fallo, se completa una doctrina ya asentada por el propio Tribunal Supremo y confirmada por el Tribunal Constitucional español, incorporándose una serie de elementos en virtud de lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Constitución Española, que garantiza el secreto de las comunicaciones, el que no se exceptúa por la titularidad del medio, ni por su carácter empresarial, ni por el momento en que sucede la comunicación, a la vez que tampoco permite excepciones a la exigencia de autorización judicial para la intervención de los medios de comunicación, a diferencia de la entrada en el domicilio (18.2 CE), no contemplándose, asimismo, la posibilidad de que el interesado renuncie a esta libertad (lo que sí se permite en el caso de la entrada en domicilio), resolviendo, además, que la interceptación afecta a la libertad del tercero con quien se comunica el empleado, que puede ser ajeno a la relación laboral.

Conforme a lo anterior, la publicación concluye sosteniendo lo imprescindible que resulta contar con autorización judicial para intervenir en un medio de comunicación. Sin ella, se viola el secreto de las comunicaciones, que es constitutivo de delito.