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Próximo martes.

Será despachado proyecto que aumenta penas a delitos cometidos durante período de propaganda electoral.

Cabe recordar que la iniciativa establece que si los crímenes o simples delitos contemplados en el Código Penal son cometidos durante los periodos de propaganda electoral y en el ejercicio de actos que la constituyen, las penas se aumentarán en un grado.

25 de septiembre de 2014

El próximo martes 30 de septiembre será despachado desde la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados el proyecto que modifica diversas leyes con el objeto de evitar y sancionar los hechos de violencia ocurridos con ocasión de las campañas electorales.

Al efecto, cabe recordar que la iniciativa establece que si los crímenes o simples delitos contemplados en el Código Penal son cometidos durante los periodos de propaganda electoral y en el ejercicio de actos que la constituyen, las penas se aumentarán en un grado.

En ese sentido, la moción sostiene que el Estado debe establecer todas las condiciones para que una persona, al manifestar una preferencia política, trabaje en un comando, sea candidato o bien adhiera a una campaña política, no ejerza sus derechos en un ambiente de violencia. “Ejercer estos derechos de forma pacífica debe ser un bien jurídico protegido resguardado por nuestro ordenamiento jurídico penal”, enfatizaron los autores en el texto legal.

El presidente de la instancia, diputado Farías, y la Subsecretaria General de la Presidencia, Patricia Silva, sostuvieron que “la idea es despacharlo el próximo martes. Ya nos quedan muy pocos artículos, aunque son algunos de los más complicados ya que dicen relación con la responsabilidad civil que los candidatos tienen y con las sanciones, que es algo que hay que discutir pues aparecen algunas muy excesivas y hay que dejarlo en un su justo mérito”.

Otro punto que está pendiente, se adujo, es el de la entidad pública que estará a cargo de los registros de brigadistas que se crearán por medio de esta ley. Indicó que una opción es la planteada por el Gobierno, que espera radicar la titularidad en las intendencias; y otra es la de ponerlos bajo la supervigilancia del Servicio Electoral (Servel), entidad de la cual se espera una opinión antes de que la norma se vote.

Conforma lo anterior, la Subsecretaria concluyó expresando que para el Ejecutivo la mejor opción es el da las intendencias, dado que éstas representan un espacio jurisdiccional que puede cubrir todas las alternativas electorales.

 

 

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

 

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