La moción de los diputados Aguiló, Fernández, Girardi, Insunza, Mirosevic, Monsalve, Núñez, Saffirio, Sepúlveda y Soto, propone elevar las normas de probidad respecto de ex autoridades o ex funcionarios de las entidades fiscalizadoras, en relación con su trabajo posterior en el sector privado.
Al efecto, los parlamentarios exponen que hoy el artículo 56 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado establece una incompatibilidad para ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que perdura por los 6 meses posteriores a los que se deja el cargo, agregando que estiman que ello es insuficiente si se considera que en la práctica se establecen vínculos más allá de las relaciones laborales, por ejemplo constituyendo sociedades con personas o sociedades relacionadas.
En ese sentido, la iniciativa plantea elevar a dos años el periodo de esta incompatibilidad, ampliándola también a cualquier relación laboral, comercial, societaria, contractual o civil con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización, supervisión o regulación del organismo donde se ejerció funciones, y por último, haciéndola extensible también a familiares del funcionario o autoridad en cuestión.
De otro lado, el proyecto establece que en caso de incumplimiento, las ex autoridades o ex funcionarios no podrán ingresar a la administración del Estado, en ninguna calidad, ni ser candidatos en una elección de carácter popular, durante al menos ocho años.
La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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