La moción de los diputados Hasbún, Hernández, Kast, Macaya, Melero, Morales, Silva, Squella, Turrers y Ward, expone que el artículo 8º de nuestra Carta Fundamental consagra los principios de probidad y transparencia que se constituyen como la piedra angular en el desempeño de las funciones ejecutadas por los funcionarios públicos que componen el aparataje estatal.
Observa luego que la Ley de Bases de la Administración del Estado establece que la probidad «consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular». Agrega enseguida que la idea de probidad se manifiesta en diversos ámbitos del accionar de los funcionarios públicos, tales es el caso de las normas sobre incompatibilidades e inhabilidades que pesan sobre la persona de los aspirantes a desempeñar estos cargos o funciones, también mediante la descripción de conductas que contravienen el principio de probidad y también aquellas normas que consagran deberes específicos como la necesidad de prestar ciertas y determinadas declaraciones para el acceso a cargos públicos.
Al efecto, los autores de la iniciativa aducen que, en materia legislativa, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional consagra expresamente en el artículo 5 A de este cuerpo de normas que «los diputados y senadores ejercerán sus funciones con pleno respeto de los principios de probidad y transparencia, en los términos que señalen la Constitución Política, ésta ley orgánica y los reglamentos de ambas cámaras». Asimismo, se establece el deber que pesa sobre los parlamentarios de abstenerse de promover o votar acerca de algún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges y otros familiares, estas disposiciones no son más que el espíritu de nuestra legislación en torno a establecer criterios claros y precisos del actuar de estos servidores públicos en el ámbito en que se desempeñan cuya finalidad no es otra más que promover la honestidad y transparencia en cargos de tanta trascendencia para nuestro país.
En este sentido, y con el objeto de perfeccionar el sistema de declaración de intereses en el orden parlamentario, el proyecto de ley propone modificar el artículo 5 C de la LOC del Congreso Nacional, incorporando en la declaración de intereses “la circunstancia de si familiares por consanguinidad o afinidad se encuentran ejerciendo actualmente algún cargo o trabajo, bajo cualquier modalidad, en la administración pública”.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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