En el contexto del proyecto de ley –iniciado por mensaje- sobre financiamiento de la política, el Instituto Libertad y Desarrollo en su sección de temas públicos, cuestionó la iniciativa calificándola como un “foco errado” (Véase relacionado)
Al efecto, el documento señala que “la propuesta desbalancea el financiamiento mixto hacia una alternativa preferentemente estatal, acotando los espacios de financiamiento ciudadano, y eliminando de pleno el financiamiento privado”. Asimismo, indica que “se lesiona profundamente el principio de libertad de expresión que es el que está detrás de toda acción de respaldo político bajo la modalidad de financiamiento”. Por ello, el informe critica la iniciativa ya que se alejaría del estándar de las democracias consolidadas al eliminar todo forma de contribución anónima y/o reservada.
Luego, LyD aduce que un genuino compromiso por potenciar la competitividad del sistema debiera permitir que tanto desafiantes como incumbentes enfrenten la elección sin ventajas determinadas por la regulación vigente. Sin embargo, la fórmula propuesta por el ejecutivo acotaría las fuentes de financiamiento electoral a “500 UF en el caso de candidatos a alcalde o concejal y a 1.000 UF en el caso de candidatos a consejero regional, diputado, senador o Presidente de la República y disminuye el límite del gasto en un 50% para todas las candidaturas, a lo que se suma el hecho de que se acotarán los espacios de publicidad electoral en espacios públicos y como producto de la reforma al sistema electoral los nuevos distritos serán más extensos, debiendo los candidatos abarcar más territorio a la hora de desplegar una campaña”.
Por otra parte, la publicación manifiesta que el proyecto contiene una serie de disposiciones prohibitivas que colisionan con la libre disposición de los bienes personales al restringir los aportes de los candidatos a sus propias campañas, estableciendo un monto máximo del 10% del total de los gastos incurridos, lo que resultaría curioso por parte del Estado al no permitir que los individuos puedan invertir sus recursos en sus proyectos de vida, como sería una carrera política.
Concluye el documento estableciendo que el proyecto de ley en cuestión traería como consecuencia “una excesiva burocratización, desvinculación de la sociedad civil y pérdida de autonomía programática y operacional”, entre otros efectos.
Vea texto íntegro del documento.
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