Se dedujo acción de protección –por parte de un funcionario de carabineros – en contra del Fiscal Jefe de la Fiscalía Administrativa de la Prefectura Santiago Occidente.
El recurrente estimó vulnerado su derecho a la defensa y las garantías de integridad síquica de las personas y de igualdad ante la ley.
Al efecto, expuso en su libelo que con fecha 5 de agosto de 2014 solicitó al Oficial Dictaminador inhabilitar al recurrido, Fiscal investigador, por la causal prevista en el artículo 12 Nº 5 de la ley 19.880 y el artículo 15 del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile Nº 15, solicitud que fue rechazada por resolución Nº 135 de fecha 08 de septiembre de 2014.
Enseguida, sostiene el actor que con fecha 6 de noviembre de 2014 le solicitó nuevamente al Oficial Dictaminador inhabilitar al recurrido por las mismas causales, solicitud que fue rechazada mediante resolución Nº 171 de fecha 10 de noviembre de 2014.
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de protección; decisión que fue confirmada, en todas sus partes, por la Corte Suprema en alzada.
En su sentencia, adujo en lo grueso que, de los antecedentes reseñados, se puede constatar que las resoluciones que rechazan las solicitudes de inhabilidad planteadas por el recurrente han sido dictadas por la autoridad pertinente en el ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias y por otra parte éstas decisiones se encuentran debidamente fundadas y motivadas lo que permite aseverar que no adviene la interdicción de la arbitrariedad, motivos por los cuales no se advierte la existencia de algún acto arbitrario o ilegal que afecten los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 Nº 1 y 2 de la Constitución Política de la República cuya protección ha solicitado la recurrente lo que implica que no existen medidas que adoptar al respeto, razón por la cual el recurso no podrá prosperar, como se dirá en la parte resolutiva del fallo.
Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte Suprema Rol N°3350-2015.
Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel Rol N°394-2014.
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