La moción, presentada por los diputados Pilowsky, Espejo, Cornejo, Rincón, Soto, entre otros, pretende agravar las penas en los llamados “delitos de cuello y corbata”, como el cohecho, la negociación incompatible y el tráfico de influencias, además establecer inhabilidades y suspensiones en cargos públicos frente a estos delitos.
Al efecto, expuso el diputado Pilowsky que el proyecto aumenta en un grado la totalidad de las penas privativas de libertad, agregando un aumento en las multas a beneficio fiscal, así como las penas privativas de otros derechos, tales como las inhabilidades y las suspensiones en cargos u oficios públicos en este tipo de ilícitos.
Asimismo, adujo el parlamentario que es necesario reconstruir las confianzas de forma que nadie quede inmune a la justicia. Por eso, junto a las sanciones privativas de libertad, se deben establecer inhabilitaciones drásticas para ejercer cargos públicos y de elección popular a quienes sean sancionados por estos delitos. No queremos más casos como el del ex alcalde que cometió fraude al fisco y que estuvo sentado en la Cámara de Diputados.
Por otra parte, el diputado Rincón expresó que el ordenamiento jurídico penal debe establecer los desincentivos para que estos hechos no se produzcan y para que, en el caso de que ocurran, las penas sean ejemplificadoras.
De ese modo, de aprobarse este proyecto en el Congreso Nacional, el cohecho pasivo definido en el artículo 248 del Código penal (ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo) pasará a sancionar al funcionario público con una pena de 541 a 3 años (en la actualidad la pena es de 61 a 541 días). En el caso de cohecho pasivo – por omitir o haber omitido un acto propio- se aumentará a reclusión menor en su grado máximo, esto es de 3 años y un día a 5 años (hoy es de 541 días a 3 años).
Una vez anunciada la iniciativa, se espera que en los próximos días sea ingresada a tramité en la Cámara de Origen.
RELACIONADOS