La organización no gubernamental Amnistía Internacional publicó un informe titulado “Los rostros de la impunidad. A un año de las protestas, las víctimas aún esperan justicia”, que da cuenta de la falta de justicia para las cientos de personas, cuyos derechos humanos han sido violentados en el Estado venezolano.
Al efecto, el documento expone que las manifestaciones acaecidas en Venezuela durante el año 2014 dejaron como saldo 43 muertos, 878 personas heridas, incluido personal de las fuerzas de seguridad; cientos de personas torturadas y maltratadas; y 3.351 detenidas, 27 siguen detenidas en espera de juicio. Asimismo, precisa que hasta el cierre de dicho informe, el 2 de marzo de 2015, no se ha condenado a todos los responsables, ni se ha resarcido a las víctimas y a sus familiares o liberado a las personas detenidas arbitrariamente, demostrando una clara falta de voluntad política del Estado venezolano para asegurar que estas graves violaciones no vuelvan a ocurrir.
En ese contexto, el informe recopila el testimonio de víctimas con pruebas fotográficas, estableciendo que las fuerzas de seguridad golpearon, torturaron e incluso dispararon con fuego real a los manifestantes.
Según los indicios, la investigación sostiene que miembros de la policía permitieron a grupos armados pro gobierno que cometieran abusos contra manifestantes y transeúntes, e incluso que entraran ilegalmente en viviendas portando armas de fuego.
Asimismo, arguye el informe que en lugar de resolver estos problemas, a finales de enero de 2015 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emitió una resolución que permite la actuación de todos los componentes de las fuerzas armadas en el control del orden público, incluidas las protestas públicas, facultándolas además para el uso de armas de fuego en tales circunstancias.
Así, conforme a lo anterior, el documento concluye aduciendo que el sistema de justicia venezolano no sólo no ha sido efectivo en garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sino que es además objeto de frecuentes interferencias por parte del poder ejecutivo. En ese sentido, Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varias instancias vigilantes de los derechos humanos pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas (ONU) han exigido a Venezuela en la última década dar prioridad a la protección de los derechos humanos para conformar un estado de derecho sólido, en el que el poder judicial garantice la protección jurídica de toda la población, sin discriminación alguna.
Vea texto íntegro del informe.
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