CGR se pronuncia sobre campaña gubernamental publicitando reforma tributaria.

Se solicitó a la Contraloría General de la República, por parte de los diputados Nicolás Monckeberg Díaz, Claudia Nogueira Fernández y Pedro Browne Urrejola, investigar sobre la procedencia del uso de personal y recursos estatales en una campaña comunicacional iniciada por el gobierno a través de medios digitales y redes sociales, que comprende una serie de mensajes relacionados con la reforma tributaria, en actual trámite en el Congreso, bajo la denominación de «Mitos y Realidades» y un video titulado «La Reforma Tributaria no la paga la clase media», pidiendo que se revise también la legitimidad de algunas de las expresiones utilizadas al efecto, que ellos estiman exceden el ámbito «de la función pública que le compete a la Administración».

Requerido su informe, el recurrido -Ministerio Secretaría General de Gobierno- expone haber implementado la señalada campaña en cumplimiento de su función de comunicar y difundir las políticas públicas del gobierno, considerando la necesidad de explicar a la ciudadanía el extenso contenido de una reforma compleja, como también sus efectos; que lo observado por los peticionarios recae en la oportunidad o conveniencia de difundir la reforma tributaria en una determinada forma, y no en temas de legalidad; que el video reparado se implementó sin pago de pauta publicitaria y fue realizado por servidores de ese ministerio en el ejercicio de sus funciones, de manera que no implica gastos adicionales; que el cuestionamiento referente a la utilización de expresiones odiosas o agresivas, es en esencia una cuestión de mérito y ellas constituyen recursos lingüísticos que facilitan la comprensión del mensaje; que la acción de difusión en comento reuniría las exigencias del artículo 3° de la ley N° 19.896 y que, en todo caso, este precepto no podría limitar la función comunicativa que la ley encarga a ese ministerio y, por último, que al cumplir dicho mandato no se ha infringido el principio de probidad.

De esa forma, la CGR sostiene que, sobre la base de estas normas, la jurisprudencia administrativa -contenida en los dictámenes N°s. 1.149, de 2009, 14.914, de 2010, y 40.853, de 2013, entre otros- ha reconocido que ese ministerio, en tanto organismo cuya función principal concierne a las comunicaciones del Gobierno con la sociedad, puede informar a esta última acerca de las reformas que pretenda implementar, mediante la difusión de las mismas a través de los medios de comunicación o por la vía de programas especiales destinados a dicho propósito.