Ayer martes 28 de abril, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, hizo públicas las medidas contenidas en el informe del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y la Corrupción, que le fuera presentado el viernes 24 de abril.
El informe se estructura en 217 páginas y en cinco capítulos expone las 234 propuestas para mejorar la probidad, la transparencia y combatir la corrupción en todo el aparato público.
Así, el primer capítulo aborda la prevención de la corrupción; el segundo, la regulación de los conflictos de interés; el tercero, el financiamiento de la política para fortalecer la democracia; el cuarto, la confianza en los mercados; y, finalmente, el quinto capítulo trata la integridad, ética y derechos ciudadanos.
Al efecto, plantea el texto que ministros y subsecretarios, además de toda autoridad de una institución fiscalizadora, no podrán trabajar, entregar servicios o establecer vínculos comerciales por un plazo de un año -desde el cese de sus funciones en el Estado- con organizaciones privadas que hayan estado bajo el área de su supervisión.
De igual modo, se establece que cualquier persona que haya sido condenada por un crimen o delito simple deberá quedar inhabilitada para postular a un cargo de elección popular por un plazo mínimo de diez años.
En cuanto a las declaraciones de patrimonio e intereses, se pretende elevar las multas para quienes incumplan las restricciones y normativas dispuestas en la ley. Esto, incorporando una “agravante penal” en las eventuales sanciones.
De otro lado, se plantea la reinscripción de los militantes de todos los partidos del sistema político.
Asimismo, se prohíben los aportes de empresas y organizaciones no gubernamentales (personas jurídicas) a campañas políticas, de tal manera que los parlamentarios que infrinjan la norma serán castigados con la destitución del cargo.
Más delante, el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y la Corrupción propone potenciar las denuncias de ilícitos, fortaleciendo la delación compensada y los programas de protección a informantes.
De igual manera, se plantea convertir a las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), y de Valores y Seguros (SVS) en agencias gobernadas por consejos o comisiones colegiadas.
Se reducen significativamente los límites de gasto total permitidos para campañas políticas en todo tipo de elecciones, y la prohibición de utilizar elementos como monumentales y palomas durante las campañas, son parte del texto.
Y, entre otras medidas, el Consejo pretende la creación del defensor de la ciudadanía del tipo “ombudsman”.
Anunciadas por el Ejecutivo las medidas contenidas en el informe, se espera que en los próximos días comiencen a remitirse las primeras iniciativas de reforma.
Vea texto íntegro del Informe y del resumen ejecutivo.
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