Diario Constitucional

Violaciones a DDHH.

CS acoge casación respecto de fallo que aplicó prescripción a homicidio perpetrado en 1973.

La Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo y remitió los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago para que emita pronunciamiento sobre la acción judicial presentada en contra de la sentencia dictada el 6 de noviembre de 2013.

Por Redacción·14 de mayo de 2015·4 min de lectura
CS acoge casación respecto de fallo que aplicó prescripción a homicidio perpetrado en 1973.
Referencial

En fallo dividido, la Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo y remitió los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago para que emita pronunciamiento sobre la acción judicial presentada en contra de la sentencia dictada el 6 de noviembre de 2013, que absolvió a Mario Salinas Labraña de su responsabilidad en el homicidio de Luis Barrios Varas, ilícito perpetrado el 25 de diciembre de 1973, en la comuna de Quinta Normal, durante la vigencia del toque de queda. Toda vez que la Corte de Apelaciones referida, estimó que el ilícito no correspondía a un crimen de lesa humanidad, por lo que aplicó la figura de la prescripción en la causa.

El fallo del máximo Tribunal sostuvo que el homicidio de Barrios Varas –quien era sordo– se enmarca en los denominados crímenes de lesa humanidad, perpetrados por agentes de Estado, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Asimismo, la sentencia agregó que «(…) los hechos que causaron la muerte de Barrios Varas a causa de los disparos que hicieran los funcionarios policiales deben ser calificados como delito de lesa humanidad, pues es incuestionable, no sólo en atención a los hechos del proceso sino, además, por lo que ha sido demostrado por diferentes informes, que en la época se implementó una política estatal que consultaba la represión de posiciones ideológicas contrarias al régimen, la seguridad al margen de toda consideración por la persona humana -precisamente el «toque de queda» que autorizaba el empleo de las armas de fuego-, el amedrentamiento a los civiles y, sobre todo, la garantía de impunidad que el mismo régimen generó ante las responsabilidades penales y de todo orden, entre otras actuaciones.

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