Se dedujo acción de protección por parte de un particular que estimó vulnerado su derecho de propiedad, garantizado en el numeral 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.
Al efecto, expuso en su libelo que, según consta de inscripción que individualiza, es dueña del sitio N° 55 de una superficie de 1.597 metros cuadrados, con los deslindes que indica, la cual fue subdividida, conservando el lote A y transfiriendo el lote B a su hija, según consta de inscripción que precisa. Asimismo, según da cuenta inscripción que singulariza es dueña del inmueble de una superficie de 238, 43 metros cuadrados, con los deslindes que señala.
Enseguida, manifesta la actora que el particular recurrido fusionó tres inmuebles, dando origen a los lotes A y B, según consta de inscripción que detalla y, en lo que interesa el lote B deslinda en 86,70 metros con el sitio 55 de su propiedad, el cual fue subdividido en cuatro lotes: B-1, B-2, B-3 y B-4, y este último fue transferido a otro particular, según aparece de inscripción que menciona, con una superficie de 592, 28 metros cuadrados y que deslinda al poniente en 86,70 metros con sitio 55.
Así, expresa la recurrente que tiene 84 años de edad, que padece de miopía y de un alto grado de sordera y, por su poca movilidad, sale muy poco a recorrer su patio. Agrega que el 2 de febrero de 2015 la visitó su hija, quien al salir al patio posterior se percató que a 15 o 20 metros aproximadamente de la calle hacia el interior de su propiedad, toda la cerca emplazada en el sector oriente se encuentra totalmente derribada y enterrada, y desde ese momento logró avistar una gran circulación de camiones que ingresan a las propiedades de sus vecinos, los recurridos, quienes en conjunto ocupan el terreno como vertedero, haciendo relleno ilegal de sus propiedades, que alcanza incluso a su inmueble, cubriendo totalmente el canal de desagüe de agua lluvias.
La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de protección.
En su sentencia, adujo que, de las propias afirmaciones del informe, unidas a las fotografías aportadas por la recurrente, coincidentes con aquellas que los recurridos agregan, permiten sostener que los trabajos de relleno realizados en la propiedad del particular provocaron la destrucción del cerco perimetral que separa su predio del de la recurrente, precisamente por haber sido enterrados por el material acumulado y, asimismo, es posible apreciar que el desnivel generado por la acumulación de material, provocó su desplazamiento hacia la propiedad de la recurrente.
Por otra parte, prosigue el fallo, y al contrario de lo que afirman los recurridos, el movimiento de tierras para el mejoramiento y estabilización de un sitio previo a la construcción de un inmueble, requiere los permisos municipales correspondientes conforme al artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (…).
Por su parte, el artículo 5.1.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción prescribe que “Durante la tramitación de un permiso de edificación y con anterioridad a su obtención, podrán ejecutarse las obras preliminares necesarias, conforme a los procedimientos que señala este artículo. Para tal efecto, el propietario deberá solicitar autorización a la Dirección de Obras Municipales (…).
De ese modo, conforme a lo anterior, concluye la sentencia expresando que el obrar de los recurridos configura precisamente una actuación ilegal y arbitraria que ha perturbado el legítimo derecho de propiedad del recurrente respecto del uso y goce del inmueble de que es dueña.
Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción Rol N°402-2015.
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