La moción de los diputados Sandoval, Álvarez-Salamanca, Barros, Hernández, Osvaldo Urrutia, Ignacio Urrutia, Pérez y Berger, establece la prohibición a autoridades y sus familiares de acceder a cualquier tipo de beneficio financiado con fondos públicos.
Al efecto, el proyecto dispone que el Presidente de la República, los parlamentarios, jueces de tribunales superiores, ministros, intendentes y jefes de servicios, entre otros, “no podrán ser beneficiarios de subsidios, becas, subvenciones y, en general, de ningún beneficio financiado con recursos fiscales o de empresas semifiscales, mientras las referidas autoridades ejerzan el cargo y hasta por dos años después de su cesación en el mismo”, agregando que dicha prohibición es extensiva a sus familiares directos hasta el cuarto grado por consanguinidad y segundo por afinidad.
Conforme a lo anterior, los legisladores plantean que si las autoridades mencionadas cuentan con algún beneficio de esta naturaleza al momento de asumir un cargo público, deberán renunciar a ellos antes de asumir el cargo, sin perjuicio que sus familiares podrán mantener aquellos beneficios otorgados con anterioridad.
De esa manera, la iniciativa propone una sanción de pérdida del cargo en caso de infracción., así como sanciones al funcionario público que otorgue beneficios a estas autoridades.
Y es que, los parlamentarios arguyen que la limitación de los recursos del Estado obliga a la focalización en quienes más lo necesitan, lo cual explica la reacción que se genera en la ciudadanía cuando las principales y mejor remuneradas autoridades del país o alguno de sus parientes más cercanos accede a algún tipo de beneficio estatal orientado a sectores más desposeídos.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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