Proponen prohibir que autoridades y familiares accedan a beneficios del Estado.

La moción de los diputados Sandoval, Álvarez-Salamanca, Barros, Hernández, Osvaldo Urrutia, Ignacio Urrutia, Pérez y Berger, establece la prohibición a autoridades y sus familiares de acceder a cualquier tipo de beneficio financiado con fondos públicos.

Al efecto, el proyecto dispone que el Presidente de la República, los parlamentarios, jueces de tribunales superiores, ministros, intendentes y jefes de servicios, entre otros, “no podrán ser beneficiarios de subsidios, becas, subvenciones y, en general, de ningún beneficio financiado con recursos fiscales o de empresas semifiscales, mientras las referidas autoridades ejerzan el cargo y hasta por dos años después de su cesación en el mismo”, agregando que dicha prohibición es extensiva a sus familiares directos hasta el cuarto grado por consanguinidad y segundo por afinidad.

Conforme a lo anterior, los legisladores plantean que si las autoridades mencionadas cuentan con algún beneficio de esta naturaleza al momento de asumir un cargo público, deberán renunciar a ellos antes de asumir el cargo, sin perjuicio que sus familiares podrán mantener aquellos beneficios otorgados con anterioridad.