Se dedujo acción de protección en contra de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, en relación a la dictación de la Resolución Exenta N° 1.265 de 2015, la cual aprobó la segunda nómina de desafectación de utilidad pública de terrenos destinados a vialidad y aéreas verdes, que fueron renovadas por disposición transitoria de la Ley 20.791.
El recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nºs 2 y 24 de la Constitución Política.
Al efecto, expone no haberse incluido su inmueble en la referida nómina, en circunstancias que no se advierte razón o motivo alguno para distinguirlo de otro inmueble, en idéntica situación legal y urbanística, que sí se incluyó.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección; decisión que fue confirmada en alzada por la Corte Suprema.
En su sentencia, aduce que se debe descartar la ilegalidad del acto administrativo impugnado, en cuanto es posible establecer una norma jurídica habilitante que, de forma previa y específica, otorga al órgano administrativo cuestionado las potestades públicas concretas que le permiten dictarlo.
De otro lado, en relación a una supuesta arbitrariedad, la Corte manifiesta que la resolución cuestionada se dicta luego que el problema jurídico aparece suficientemente analizado y resuelto por los órganos administrativos internos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, agregando que se incorpora expresamente en el considerando octavo de la resolución impugnada, el argumento que motiva suficientemente la interpretación que la recurrida efectúa de la disposición transitoria de la Ley 20.271.
Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte Suprema Rol N° 15888-2015.
Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 49699-2015.
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