Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso segundo del artículo 8° del artículo único de la Ley N° 19.519.
El precepto impugnado, que introdujo diversas modificaciones a la Constitución Política de la República, dispone que “El capítulo VI-A "Ministerio Público", la ley orgánica constitucional del Ministerio Público y las leyes que, complementando dichas normas, modifiquen el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones”.
La gestión pendiente incide en proceso por el delito de homicidio, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por recurso de apelación.
El requirente estima que el precepto impugnado es contrario a lo dispuesto en los artículos 19 Nºs 2 y 3, 77, y al Capítulo VII, de la Constitución Política, así como a diversos preceptos de tratados internacionales sobre derechos humanos, por cuanto sostiene que es arbitrariamente discriminatorio que el requirente sea juzgado mediante el procedimiento penal antiguo, sin las garantías del debido proceso, particularmente la imparcialidad del tribunal, diferenciándose entre habitantes de unas y otras regiones del país al momento de la entrada en vigencia de la reforma procesal y perjudicando a las personas a las que les es aplicado el sistema de procedimiento penal antiguo.
La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol Nº 3015-16.
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