La Cámara de Diputados de Brasil inició el debate para luego decidir si continúa en el Senado el proceso para destituir a la Presidenta de aquel país Dilma Rousseff.
Cabe recordar que la apertura de un juicio político requiere el apoyo de dos tercios de la cámara -342 diputados de un total de 513- y la ratificación por el Senado.
De prosperar, Rousseff, de 68 años, que en 2011 asumió como la primera Presidenta mujer de Brasil, sería separada del cargo y reemplazada por su vicepresidente centrista Michel Temer, de 75 años, quien completaría el mandato hasta fines de 2018, si los senadores declaran a Rousseff formalmente culpable en un plazo máximo de seis meses
En la sesión aludida se presentaron los argumentos de la acusación y de la defensa, intervenciones que se prolongarán hasta el próximo domingo, cuando se votará si el proceso debe llegar al Senado.
En caso de que la Cámara Alta decida darle curso, se apartará a Rousseff del cargo durante 180 días, plazo que tendrán los senadores para investigar y analizar las causas que llevaron a la Presidenta al juicio político.
La acusación principal contra Rousseff en el Congreso que podría costarle el cargo, no considera principalmente los problemas fiscales del gobierno con el escándalo en Petrobras, sino que trata respecto de la violación a normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
El pedido de “impeachment” está basado en lo que en Brasil se denominan "pedaladasfiscales" o uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno, práctica que está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal.
Es por esto que el Tribunal de Cuentas brasileño rechazó las cuentas de la administración de Rousseff en 2014, año en que fue reelecta por un pequeño margen.
Asimismo, los denunciantes sostienen que las irregularidades continuaron en 2015, algo clave para los juristas que afirman que la presidenta solo puede ser juzgada por delitos cometidos en su actual gobierno.
Por su parte, la defensa de la Presidenta manifestó que “impeachment” sin crimen de responsabilidad es un intento de golpe de Estado. Su defensa en el Congreso negó además que alguno de los actos denunciados haya sido firmado por Rousseff y afirmó que desde que fue reelecta sus opositores buscan una forma de terminar su mandato.
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