Corte de Temuco acogió protección por no pago de bono a jueza de Tribunal de Familia.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de protección interpuesto por la Jueza titular del Juzgado de Familia de Temuco, en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, solicitando que se dispusiera el pago de los incrementos omitidos en su liquidación correspondiente al mes de marzo de 2015, contenidos en la ley 19.531, modificados por la ley 20.224 y disponiendo que se deben pagar además los que corresponden a los meses de junio, septiembre y diciembre de 2015.

La recurrente sostuvo que el actuar de la citada Corporación, ha conculcado las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al no pagarle el incremento por desempeño institucional y colectivo regulado en el artículo 4° de la ley 19.531, pues dicha norma solo permite excepcionalmente el pago referido a quienes estuvieron por más de seis meses con licencia médica derivada de accidentes del trabajo o descanso pre y post natal, cuyo no es su caso, pues su permiso para ausentarse de sus labores deriva de la enfermedad grave que padecía su hijo menor de un año.

En su sentencia, la sentencia destaca que se formuló un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante Tribunal Constitucional, por parte de la recurrente de protección, en relación precisamente con la norma que la actora estima que no era aplicable a su situación particular, requerimiento que fue acogido por aquel Alto Tribunal. Agrega que la norma cuestionada por el recurrente y en parte dejada sin efecto por ser inconstitucional señala: “No tendrán derecho a percibir los incrementos a que se refieren los literales b) y c) precedentes, los funcionarios que sean calificados en lista condicional o deficiente, ni aquellos que, durante el año anterior al pago del mismo, no hayan prestado servicios efectivos en el Poder Judicial, en la Academia Judicial o en la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante a lo menos seis meses, con la sola excepción de los períodos correspondientes a licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la ley Nº 16.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo”.