CS envía al congreso cuarto informe sobre proyecto de ley que cambia normas de libre competencia.

En el cuarto informe, que previamente fue analizado en abril de 2015, noviembre de 2015 y enero de 2016, la Corte Suprema valora la propuesta que mantiene su facultad en formar quina para la designación del presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que había sido eliminada en una propuesta anterior.

Sobre este punto, el informe que fue remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, señala que "(…) destaca positivamente la versión en estudio del artículo 6° del Decreto Ley N°211, que se introduce mediante el numeral 3 del artículo 1° del proyecto, y que, a diferencia de la informada en enero de este año, no elimina la facultad de la Corte Suprema de proponer al Presidente de la República una quina para que éste último nombre al Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuestión que fue cuestionada por la Corte, por lo que se daría por superada dicha observación negativa en esta versión del proyecto, que asimismo restaura las exigencias de trayectoria profesional o académica para el abogado Presidente del Tribunal, cuestión que se valora positivamente".

En cuanto al traslado de las acciones de indemnización de perjuicios desde los tribunales ordinarios a la justicia especializada del TDLC, el máximo Tribunal del país manifiesta que "cabe insistir en lo expresado en los Oficios N° 124-2015 y N° 8-2016 respecto a dejar el conocimiento y resolución de a la acción de indemnización de perjuicios al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, específicamente que, tratándose de un asunto de suyo contencioso, como es litigar respecto a la indemnización de perjuicios, debiera mantenerse en sede de los tribunales ordinarios en lo civil, teniendo en cuenta el derecho a los recursos procesales que ante ellos tienen las partes, a diferencia de la vía propuesta en el proyecto de ley en estudio, en el que la judicatura especial se presenta como una verdadera única instancia a cargo de un tribunal mixto que conoce con preminencia de cuestiones de índole económica. Privar a los litigantes de los recursos procesales que rigen en el ámbito de los tribunales que integran el Poder Judicial, en particular de la segunda instancia, constituye una circunstancia que afectaría el debido proceso garantizado constitucionalmente".