Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó dos resoluciones que solicitan a la Presidenta de la República, por un lado adoptar de forma urgente las medidas para hacer efectivo el acceso de los adultos mayores a la tarifa rebajada del Metro, y por otro, el envío a tramitación legislativa de una ley marco que constituya un estatuto de protección integral para ellos.
La primera de las resoluciones fue presentada por los diputados Sandoval, Gahona, Norambuena, Hernández, Sabat,L. Pérez, Meza, J. Pérez, Pilowsky y Castro. Los autores señalaron que en el sitio web de Metro S.A no todos los adultos mayores están habilitados para acceder al descuento de tarifa, ya que para hacerlo se exige, adicionalmente a su condición etárea, dos requisitos que restringen su aplicación que son:
1)Encontrarse recibiendo algún tipo de pensión, y a juicio de los legisladores “no todos los adultos mayores en Chile gozan de algún tipo de pensión, a pesar de los esfuerzos que históricamente ha hecho el Estado para extender y mejorar la cobertura de este derecho social”. Enfatizaron, asimismo, que “el fundamento de la rebaja de la tarifa en una empresa estatal de transporte público no radica en que las personas se encuentren o no gozando de una pensión, sino en el solo hecho de pertenecer a la tercera edad, con el consabido deterioro de la capacidad adquisitiva que se produce en esta etapa de la vida”.
2)Poseer cierta alfabetización para desenvolverse en un ambiente digital, porque deben inscribirse a través del mismo sitio web llenando un formulario y adjuntando contenido en forma digital.
La segunda resolución, que fue presentada por los diputados Sabat, Santana, Verdugo, Pérez, Fuenzalida, RM García, Paulsen, Monckeberg, Ojeda, Carvajal consiste en la creación de una ley marco que constituya un estatuto de protección integral para los adultos mayores.
En la resolución, los legisladores sostuvieron que cada vez es más frecuente encontrar estatutos especiales para grupos vulnerables, particularmente, para adultos mayores. “Esta tendencia que se extiende por casi dos décadas en Europa, ha tenido ecos en países latinoamericanos como Argentina o Ecuador, donde incluso se le dedica una sección completa a los adultos mayores en la Constitución”, explicaron.
Agregaron, que el derecho internacional y las convenciones han hecho lo propio y que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, dispuso que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, además de derechos a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad”.
Es decir, en el texto, afirmaron los diputados, se busca incorporar en el derecho interno un bloque normativo que proteja integralmente los derechos de los adultos mayores, dejando atrás la forma inorgánica como, de buena fe, con la que se ha pretendido abordar los problemas de los adultos mayores hasta ahora.
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