La jueza argentina María Romilda Servini de Cubría, quien desde hace años investiga violaciones de los Derechos Humanos en España durante el franquismo, aceptó la denuncia para investigar la desaparición del poeta Federico García Lorca presentada por La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), y ya ha enviado un exhorto a España para iniciar diligencias.
Cabe recordar, que el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca (Granada 1898-1936) tenía 38 años cuando lo fusilaron. Pero 80 años después de su asesinato, sigue desaparecido.
La denuncia, que fue formalizada en abril pasado, entregó a la jueza argentina un relato que acreditaba "de manera fehaciente" las circunstancias de la detención y el asesinato del poeta, a partir de un documento de la Jefatura Superior de Policía de Granada,  con fecha 9 de julio de 1965.
Según se señala en la denuncia, el documento identifica a García Lorca como socialista, masón y homosexual. Además, detalla que cuando se produjo el golpe de Estado franquista, el 18 de julio de 1936, el poeta ya estaba en Granada. Había llegado días antes desde Madrid, donde residía. También narra los allanamientos de su domicilio y su posterior detención, que el documento sitúa entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 1936. Los denunciantes aportan una fotocopia del texto, en el que se constata que el autor de Bodas de sangre "fue pasado por las armas" en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande y "enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco (…) en un lugar que se hace muy difícil de localizar".
La jueza aceptó el pedido de la ARMH y envió un exhorto a la Justicia española el pasado julio para que le remita "toda aquella documentación que exista en los archivos sobre la detención y el asesinato de Lorca", afirmó uno de los abogados abogados denunciantes, Máximo Castex.
El objetivo principal es obtener un documento de la 3ª Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Granada, fechado el 9 de julio de 1965, que relata las últimas horas del poeta. Los denunciantes sospechan que el texto, que la asociación obtuvo de forma anónima, se encuentra en los archivos del Ministerio del Interior español, de acuerdo a Castex. 
La ARMH le señaló a la jueza la importancia de este caso para la configuración del que considera un contexto de crímenes contra la humanidad, y que resulta indispensable contar con toda la documentación vinculada a este hecho que pueda encontrarse en los archivos del Ministerio del Interior español.
Por su parte,  la jueza Servini de Cubría investiga este caso bajo el "principio de jurisdicción universal", que tiene rango constitucional en Argentina y que le da la potestad a la Justicia del país de investigar causas de crímenes de lesa humanidad que no sean investigados en la jurisdicción donde los hechos ocurrieron.
La justicia universal, principio de universalidad o jurisdicción universal es uno de los principios de aplicación extraterritorial de la ley, incluyendo la ley penal, junto con el principio de personalidad o de nacionalidad y el principio real, de protección o de defensa.

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