La moción de los diputados, Hasbún, Hernández, Kort, Melero, Nogueira, Norambuena, Sandoval, Turres, Urrutia y Ward, expone que la delincuencia se erige como un problema que genera incertidumbre en la población, temor acerca del futuro, conllevando a un detrimento en la calidad de vida de ésta.
Observa luego que se puede percibir al fenómeno delincuencial como un ámbito en que las autoridades públicas, particularmente las políticas y gubernativas deben afrontar con toda firmeza, resguardando eficazmente la vida y seguridad de los habitantes de nuestro país.
Al efecto, los autores de la iniciativa sostienen que uno de los mecanismos de acción destinados a la prevención de la delincuencia en nuestro país lo ha constituido, desde siempre, una política educacional coherente en torno a formar niños y adolescentes que no caigan en la drogas, en la deserción escolar y en otros flagelos que son la antesala de la delincuencia como forma de vida.
Asimismo, aducen que una adecuada política de asistencia social a menores en torno a formarlos y restablecerlos a la vida social con las armas necesarias para cultivar su vida fuera de este flagelo, también constituyen herramientas adecuadas para el control de la criminalidad.
Sin embargo, la moción indica que las herramientas con las que cuenta el Estado en estos ámbitos son insuficientes, requiriéndose de esfuerzos adicionales, coordinados y eficaces en torno a superar de raíz el problema de la delincuencia en el ámbito juvenil y en general en nuestra sociedad.
Por otra parte, la propuesta legal afirma que con la proliferación en los últimos años de centros comerciales conocidos con el nombre de “mall”, ha posibilitado que artículos de diverso valor se encuentren disponibles al público en general con total facilidad que pueden ciertamente constituir un aspecto de induzca a una persona al robo de los referidos artículos en las más diversas modalidades que implica el ilícito, el cual se encuentra asociado jurídicamente al robo en lugar no habitado.
Por lo antes expuestos y consintiendo que este tipo de ilícito debe tener una pena superior a propósito de los bienes jurídicos que pueden verse involucrado, el proyecto de ley propone modificar el artículo 443 bis del Código Penal, estableciendo una penalidad especial para el delito robo en centros comerciales consistente bajo cualquier circunstancia en presidio mayor en su grado mínimo, esto es una pena oscilante entre los 5 años y un día a 10 años.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
RELACIONADOS
* CS informa proyecto de ley sobre penas de robo, hurto y receptación…